
Perspectivas. Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura
Año 4 N° 8/ Julio-Diciembre 2016 / ISSN: 2343-6271
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autogestión en gran parte, y de esa manera lograban sus objetivos, claro está
no dejaron de ser espacios partidistas, ya sea de Acción Democrática (AD)
o COPEI, donde algunas de estas organizaciones en relación a sus líderes
eran nanciados por estos partidos tradicionales. Los actores políticos fue-
ron miopes ante la realidad apremiante y las presiones sociales de mayor par-
ticipación en la vida y destino del país, lo cual tal vez incidió en el estado de
anomia que vivió el país en el año de 1989 conocido como el Caracazo y
posterior asonada militar de 1992.
Posteriormente, siete años después, Venezuela se enrumbó a una constitu-
yente como mecanismo que buscaba fortalecer y ampliar la democracia y que
expresaba las exigencias de cambio político de los diferentes sectores del país.
Este proceso produjo una nueva constitución nacional o marco jurídico que
propicia una nueva relación entre el estado y la sociedad, considerándose a la
participación ciudadana como el principio que debe impulsar esa nueva rela-
ción, otorgándole al ciudadano la posibilidad de intervenir en las decisiones
públicas que van más allá de lo electoral.
Venezuela entró en una aceleración histórica a partir de la década de 1980,
cuando la gente comienza a desconar de los partidos políticos tradicionales,
Acción Democrática (AD) Y COPEI, ya que no llenaban las expectativas de
sus electores, así como los constantes casos de corrupción, que dieron muestra
que el sistema partidista estaba desgastado. La participación ciudadana (dere-
chos y deberes) que se le otorga a los ciudadano para intervenir en los asuntos
públicos, existe de manera reconocida pero de manera restringida. La partici-
pación en este periodo histórico democrático es restringida, no participan estas
asociaciones vecinales en la toma de decisión, en las políticas públicas.
En la década de los 80, durante el gobierno del Jaime Lusinchi, los actores
políticos perciben las presiones sociales, a lo que responden con la apertura
de la COPRE, que aglutinó a diversos sectores del país, como los intelectua-
les más destacados por regiones para realizar un diagnóstico de las estructuras
del Estado. Dicho diagnóstico arrojó un descubrimiento de las debilidades y
amenazas que presentaba los niveles de la administración pública ante los
problemas apremiantes, se asomaban la amenazas y cambios para la conti-
nuidad del hilo democrático. Lo anterior sólo quedó en mero diagnóstico,
cuya premisa fundamental reza: “Los funcionarios públicos en general es-
tán mal preparados para asumir las tareas que le corresponden...Los criterios
para designar a los administradores no se inspiran en razones de mérito y la
carrera administrativa carece de continuidad” (COPRE: 1988; 189). De allí