Perspectivas. Revista de historia, geografía, arte y cultura de la UNERMB
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Perspectivas: Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura
Año 8 N° 16 /Julio - Diciembre 2020/ pp: 44-66.
Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt
ISSN: 2343-6271
Marco relacional de las políticas públicas y planes
culturales en Colombia
Álvaro, LOBO *
Universidad del Atlántico
Universidad Simón Bolívar de Barranquilla
aloboalvis@gmail.com
Resumen
El desarrollo cultural en Colombia comparte historia con Latinoamérica en las
características de los acontecimientos que experimentaron desde su conformación
republicana: Un largo periodo de denición como entidades territoriales autónomas;
estructuración de un sistema productivo que permita hoy su engranaje en la
realidad económica del orbe; inserción en el diálogo global entre las naciones de
centro y de periferia y, en lo cultural, mantener viva la identidad en el marco de
la multiculturalidad, interculturalidad y los embates de la homogenización cultural.
En estas condiciones, el país ha venido construyendo un sistema normativo que
paulatinamente, y no siempre con ordenamiento secuencial en su nalidad social,
contempla la cultura y la constituye en objeto de políticas públicas. A partir de esta
apreciación, el presente trabajo tiene como objetivo: Examinar los fundamentos
normativos y conceptuales que orientan las Políticas Públicas y los Planes Culturales
vinculados al sector cultura en Colombia. Para este cometido se hace un acercamiento
al método fenomenológico-hermenéutico, con su naturaleza social, que ha permitido
descubrir la actual infraestructura normativa e institucional en materia cultural. Se
concluye, la percepción de país que da lectura a las exigencias de los acontecimientos
para insertarse en el mundo de hoy de manera competitiva.
Palabras clave: Políticas Públicas en Colombia; Políticas Culturales en
Barranquilla; Sistema Normativo colombiano; Multiculturalidad; Entidad Territorial
en Colombia.
Relational framework of public policies and cultural plans in Colombia
Abstract
The cultural development in Colombia shares history with Latin America in the
characteristics of the events that they experienced since their republican conformation:
system that today allows its gearing in the economic reality of the world; insertion in
the global dialogue between the center and periphery nations and, culturally, keep
the identity alive within the framework of multiculturalism, interculturality and
* Docente y de investigación en la Universidad del Atlántico y la Universidad Simón Bolívar de Barran-
quilla-Colombia.
Recibido: Mayo de 2020 Aceptado: Junio de 2020
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the attacks of cultural homogenization. In these conditions, the country has been
constructing a normative system that gradually, and not always with a sequential
order in its social purpose, contemplates the culture and constitutes it as an object
of public policies. Based on this assessment, the present work aims to: Examine the
normative and conceptual foundations that guide Public Policies and Cultural Plans
linked to the culture sector in Colombia. For this purpose an approach is made to the
phenomenological-hermeneutical method, with its social nature, which has allowed
to discover the current normative and institutional infrastructure in cultural matters. It
concludes, the perception of a country that gives readings to the demands of events to
be inserted in today's world in a competitive way.
Keywords: Public policies in Colombia; Cultural policies in Barranquilla;
Colombian normative system; multicultutalism; territorial entity in Colombia.
Introducción
Las políticas culturales en Colombia recogen, en buena medida, la
orientación conceptual que soportan las políticas públicas como expresión
instrumental del ejercicio del poder en la historia social y política de las
comunidades organizadas como Estados. La sociedad occidental experimenta
las transformaciones que las distintas visiones de poder entronizan en la
historia de la civilización y dejan la impronta de mecanismos relacionales
entre gobernantes y gobernados, cuyo propósito es el mantenimiento del
establecimiento en planos de gobernabilidad y sostenibilidad de manera
asimétrica.
Ante una realidad que evoluciona al ritmo de acontecimientos que afectan
intereses de poder, no queda menos que abordar la naturaleza de las políticas
públicas en Colombia desde esta óptica, sin dejar de lado el carácter periférico
que la ubica como receptáculo del nuevo orden global. Comprender la simetría
de la generalidad de ese orden vinculante para examinar los fundamentos
normativos, conceptuales de las políticas públicas en Colombia y encontrar
factores intervinientes que cooptan las agendas nacionales en detrimento de
las debidas respuestas a las ingentes necesidades de la población, es el interés
del presente artículo.
El campo de las políticas públicas en Colombia ha sido objeto de diversos
estudios, lo que amplía la atención a las formas de análisis de las mismas y su
tratamiento en el ámbito de la educación en condiciones en que “Su desarrollo
académico –y, por tanto, su enseñanza– no se encuentra desligada de las
concepciones que prevalecen en materia de relaciones entre Estado y sociedad,
y de perspectivas epistemológicas” (Roth, 2016: 260). Es decir, los académicos
que se ocupan del tema de las políticas públicas en el país, lo hacen con el peso
de un acumulado teórico que es el resultado de su desenvolvimiento histórico
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y conceptual que se viene gestando, para el caso de América Latina, a partir de
los principios emanados del Consenso de Washington en el año de 1989, como
también en los conceptos de la Nueva Gestión Pública (Osborne y Gaebler,
1992) lo que ha permitido la inuencia de la economía en las decisiones de los
ciudadanos y en las actuaciones gubernamentales.
En estas circunstancias, el teórico Eduardo Wiesner (1997), en su texto:
(La efectividad de las políticas públicas en Colombia), se ocupa de la corriente
Neoconstitucionalista que fundamenta la reforma del Estado y que se venía
desarrollando en la década del noventa del siglo pasado. No obstante, hay que
reconocer la importancia de teóricos externos que motivaron con sus aportes la
reexión y estudio de las políticas públicas en el contexto nacional, entre estos
destacan el pionero Harold lasswell, Mény Thoenig, Muller, Aguilar, Parson,
Ascher; u organismos especializados, como el Centro Latinoamericano de
Administración y Desarrollo (CLAD).
De igual manera, el ejercicio del Estado de las Políticas Públicas da
margen para trasladar la reexión al ámbito universitario, donde se destacan
académicos como André-Noel Roth Deubel, quien desde la educación superior
ha contribuido a consolidar un espacio académico para el estudio de las políticas
Públicas (Public Sciences), desde su perspectiva histórica y epistemológica.
Ha sido autor de textos, artículos y trabajos investigativos desde la academia
que lo han posicionado en el entorno nacional e internacional como uno de
los académicos más inuyente en lo que concierne al estudio de las políticas
públicas; contando, además, con el texto de gran difusión y aceptación,
titulado: (Políticas públicas. formulación, implementación y evaluación). De
este autor se extraen importantes aportes relacionados con enfoques, marcos
y herramientas para el análisis, interpretación y evaluación de las políticas
públicas. Paralelo a esto, la entronización del concepto de Políticas Públicas
en Colombia se da con la expedición de la Ley 30 de 1992, que reglamenta
la educación superior, lo que permite la apertura de programas de formación
universitaria en Ciencia Política.
En este estado de cosas, surge una pléyade de académicos que abordan
la temática desde distintas aristas entre las que se cuentan las relacionadas
con la correspondencia conceptual de la realidad nacional con los marcos
teóricos universales; posturas o puntos de vista sobre el desarrollo de las
políticas públicas y su impacto social, como también posiciones más críticas
que develan la existencia de entramados de poder que le subyacen.
En efecto, las políticas públicas en Colombia presentan propósitos loables
relacionados con las necesidades de inclusión, empoderamiento, carácter de
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horizontalidad en su diseño; pero desafortunadamente en su operacionalización
dista mucho de reejar esos aspectos. Como, además, las políticas son
elaboradas, en muchos casos, por tecnócratas que se desenvuelven en un
sistema de compromiso partidista o, de grupos de intereses con relaciones
políticas, que usualmente desconocen las verdaderas necesidades sociales y
sus consecuentes soluciones; de ahí que, una gran capa de la población queda
excluida, invisibilizada y, en gran medida, con una existencia subterránea en
la realidad nacional. Esto, desde luego, no desconoce que existan políticas
públicas que benecian a gran parte de la población en muchos renglones
de su realidad, pero los resultados observados no desmienten lo inequitativo
de su implementación y cobertura. Desde otro punto de vista, se sabe que
dada las circunstancias de violencia continúa experimentada en el país
(Colombia) por más de cinco décadas, ha llevado al Estado a priorizar sus
partidas presupuestales, circunstancia en la que se da por contado que la gran
damnicada es la inversión social y, por ende, el renglón cultural.
En este sentido, las políticas públicas del orden cultural tienen un fuerte
carácter asistencialista que combina su naturaleza estatal con la presencia de
modos privados dentro de la administración pública, “engendros” que muchas
veces demuestran poca o nada de pertinencia con la realidad social cuando se
trata de la cultura.
Ahora bien, es evidente la naturaleza social de los aspectos relacionados
con las políticas públicas, razón por la que se considera que, la manera más
apropiada de intervenirla es con el método Fenomenológico-Hermenéutico,
sobre el entendido de que se auscultan motivaciones, metas, propósitos de
grupos e individuos en un plano relacional con el Estado bajo condición top-
down y acaso con orientación botton-up en la implementación de las políticas
públicas, en consecuencia cabe preguntarse: ¿responde las políticas públicas
vinculadas al sector cultura a las necesidades sociales y culturales de las
comunidades?
Se asume lo hermenéutico en cuanto que: “…posibilita la interpretación de
textos y contextos consolidados en normas, documentos, políticas, historias,
estudios y una totalidad de fuentes que, de alguna manera, proporcionan
información signicativa para la investigación” (Lobo: 2016:50).
Para elaborar el presente trabajo, se desarrollarán por lo demás tres
bloques conceptuales: el primero, la consideración comprehensiva de las
nociones de Sistema Político como punto de partida para ver con claridad su
fuerza sinérgica en la determinación relacional con las nociones de Estado,
Ciudadanía, Gobernabilidad, Democracia y Sociedad Civil Organizada (SCO).
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Segundo, seguimiento histórico de las reformas del Estado en lo que se ha
dado a conocer en los círculos académicos como generaciones de reformas del
Estado y; el tercer bloque, se ocupa de exponer el marco conceptual en el cual
se construye el ejercicio de las políticas públicas y culturales en Colombia.
Sistemas políticos y políticas públicas: una relación compr hensiva
Es comprensible que dentro del campo de estudio de las políticas públicas aún se
sienta el impacto de las reformas estructurales del Estado con propósitos estabilizadores
emanadas del Consenso de Washington, de mediados de los ochenta, que generó una
realidad de Políticas Públicas tecnocráticas, con muy poco o nada de participación
de las comunidades implicadas, habida cuenta del fortalecimiento del sector privado.
Al tiempo que se evidenciaba el fracaso de las reformas estructurales con su bandera
del mercado como factor orientador de la sociedad, emerge el papel fundamental del
Estado, la concepción de lo público, la formulación de políticas con participación
gubernamental; una nueva visión de gobernabilidad que incluya la consideración social
y una conciencia sistémica que relaciona a las políticas públicas con la concepción de
Sistemas políticos.
Es decir, las políticas públicas se conciben en el marco de un sistema político, así
lo reconoce el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2006), en su informe sobre
el progreso económico y social en América Latina, cuando sostiene, entre otras cosas,
que los procesos de formulación de las políticas públicas hay que comprenderlos
integrados en el funcionamiento de los sistemas políticos.
A su vez, los sistemas políticos se asientan en los Estados en Acción, noción que:
Mejía, (2012:144);
“…se reere a aquella dimensión estatal que se
encarga de seleccionar las demandas referidas a los
problemas públicos y ofrecer servicios actuando de
manera independiente de la sociedad, considerando
que son los individuos y los grupos los que dirigen la
acción del Estado y quienes determinan las elecciones
en materia de políticas públicas”.
Pero no basta este contenido si no se diferencia o identica desde que marco
conceptual se desarrollan las Políticas Públicas y cuál es su ideología subyacente.
En efecto, desde una perspectiva epistemológica crítica, la noción de Estado es
consustancial a la sociedad; maneja unas estructuras institucionales y establece unas
conexiones relacionales entre una autoridad constituida y una sociedad legitimante.
En este punto, debe quedar claro que la noción de Estado entendida solo como un
territorio y una población que la habita, con un sistema de organización política, es
restringida para el objeto de esta reexión. Contrariamente, se considera apropiado
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concebir al Estado con una clara diferenciación de la llamada Sociedad Civil, del
Estado institucionalmente hablando, ya que se comprende que el Sistema Político
cubre al Estado, pero lo trasciende al incluir a la sociedad civil. He aquí la validez
del carácter relacional que debe tener el Sistema Político en cualquier Estado para
superar las concepciones estado-céntricas que terminan por fetichizar al andamiaje
institucional.
De manera que, esta condición relacional entre Estado y sociedad comporta una
interacción: Easton, (2007;2);
“…que permite a una autoridad constituida establecer
valores para el conjunto de la sociedad. Este conjunto
de interacciones genera un ujo de inputs y outputs,
los inputs son las demandas y apoyos que el sistema
institucional recibe de la sociedad o de otros entes, y los
outputs son las respuestas que ese sistema institucional
da a las primeras.”
Se desprende de lo anterior, el carácter vertical y descendente de la
política para Easton, pero también ratica lo mencionado anteriormente, el
carácter relacional del Sistema Político, o al decir de Gomáriz (2007: 2): “…
la relación entre el sistema institucional y la ciudadanía”. En efecto, emerge
aquí una categoría, la noción de Ciudadanía que le da rostro al Sistema
Político, por cuenta de la responsabilidad civil e identidad social que tienen
las comunidades. Además, esta misma condición puede sostenerse claramente
en una realidad política que asuma la ciudadanía como interlocutora válida
del ujo relacional con el Estado.
Ahora bien, en este punto de la reexión, se advierte la necesidad de
aclarar que, al día de hoy, la concepción de ciudadanía es objeto de confusión
al reconocérsele con la llamada Sociedad Civil Organizada (SCO), concepto
que surge por el: Gomáriz, (2007: 4).
“Uso del espacio de la sociedad civil como un ámbito
de organización social para defenderse, primero, de
los regímenes autoritarios y, después, de los efectos del
ajuste estructural (aunque, en algunos países, como
en Chile, eso sucedió al mismo tiempo), dio lugar,
progresivamente, a una convergencia discursiva sobre
la calidad de la sociedad civil frente al deterioro de la
política y del Estado”.
Es decir, estos grupos organizados, integrados por ciudadanos activos
asumen la respuesta ciudadana minimizando la condición individual y
voluntaria de los individuos para ubicarse en las franjas de ciudadanía formal,
sustantiva o activa, máxime si la relación Estado–Sociedad con su Sistema
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Político responde a la noción de ciudadanía que: “Guarda relación con una
óptica de Derechos que es –como proceso lógico– de orden ascendente: desde
los derechos ciudadanos hacia un gobierno que responde a esa soberanía
ciudadana” (Gomáriz, 2007: 3).
Desde luego, no se puede quedar en una mirada formal del desglose
teórico, ya que comprender la importancia de la correspondencia entre el
Sistema Político y la ciudadanía obliga a conocer el comportamiento de esta
en su respuesta funcional. En efecto, gran parte de la población ejerce la
llamada ciudadanía formal que es receptora pasiva de los derechos y deberes
que le otorga el Estado. Se caracteriza por estar despolitizadas y apática al
Sistema Político. Mientras la ciudadanía sustantiva constituye ese margen
de individuos que son conscientes de sus derechos, los cuales ejercen en
decisiones personales o soluciones colectivas y mantienen información básica
obtenida de los medios de comunicación del Sistema Político. La ciudadanía
activa hace referencia a las personas que sobre la base de su conciencia de
los derechos y deberes y del rol en la dinámica social y política de la realidad
nacional, participan activamente en organizaciones o tomas de decisiones,
que de manera sostenida constituyen la vigilancia o la interlocución activa
de la sociedad, por ello se les conoce como activistas de la sociedad civil
(Gomáriz, 2007)
Se plantea aquí un fenómeno concreto: dada la fuerza que toma la sociedad
civil organizada, frente a la necesidad de obtener soluciones a determinada
situaciones que la aquejan, se da un desconocimiento por parte de ella de las
instituciones que la representan, como: los partidos, delegados o representantes
ante los cuerpos colegiados elegidos por la misma comunidad, ocasionando
una crisis de representación y una consecuente pérdida de credibilidad con
riesgos de: “…sustitución de la representación/partido/ciudadanía por los
mecanismos de la participación/organización de la sociedad civil” (Gomáriz,
2007: 5). Este fenómeno tiene fuerte presencia en los noventa, década en
la cual se puede referenciar frecuentes movimientos de la sociedad civil
organizada que desestabilizaron gobiernos y, en algunos casos, derrocaron a
otros.
Asistimos, entonces, a una realidad antagónica, que da cuenta de una crisis
de representatividad que hasta el presente es objeto de preocupación en las
instituciones democráticas aun reconociendo que la naturaleza representacional
de la democracia en Colombia permite la presencia de la representación por
cuenta de la gran mayoría de ciudadanía sustantiva que ejercen los derechos
de elegir a sus representantes en las instituciones del Estado.
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Infortunadamente, el ejercicio ciudadano de la Sociedad Civil Organizada,
no siempre genera resultados de mejores perspectivas, ya que: Gomáriz,
(2007:5);
“…comenzó a mostrar sus falencias a nes del siglo
pasado. Una primera evidencia consistió en comprobar
que el activismo de las organizaciones de la sociedad
civil, en medio de una crisis de los partidos de izquierda
producía un efecto indeseado: el mantenimiento de
los partidos de Derecha en el poder con repetidas
versiones del programa Neoliberal”.
Ante tal situación, se plantea últimamente la necesidad de entablar un
diálogo sinérgico entre la participación y la representación estimulado, en gran
medida, por las nuevas exigencias de fortalecimiento de la democracia y la
concepción de que ello sería posible si se da una verdadera articulación entre
representación y participación (Gomáriz, 2007). He aquí un aspecto esencial
que constituye bases sólidas en la postura teórica del presente estudio.
Las reformas del Estado. Factor determinante en las políticas culturales
La engañosa tendencia a considerar los hechos en su manifestación
inmediata con pasividad reexiva deja ver una realidad circunstancial que
oculta nexos históricos, relaciones causales y, sobre todo, una fundamentación
teórica y conceptual que funge como base ideológica de los acontecimientos.
Este es la fase en que se observa la trascendencia de las reformas del Estado
acaecidas históricamente en el último quinquenio para el comportamiento de
la institucionalidad en América Latina, vista como totalidad dialéctica.
Se asume aquí, por extensión, la afectación que las reformas originadas
en los países centrales tuvieron en las naciones periféricas y, por ende, en
Colombia, dada la condición de dependencia y la diezmada capacidad
autonómica en la creciente conguración del orden mundial. Connotadas
diferencias en el impacto, aplicación o ejecución de las directrices desprendidas
de las generaciones de reformas que ha surtido el Estado en estos países. Por
lo demás, todos tienen un referente inicial que da cuenta de las condiciones
en que la economía mundial establecía dinámicas reformistas a raíz de los
acontecimientos recesivos que la aquejaban.
En este sentido, “la depresión económica de los años treinta en los países
desarrollados, puso en jaque el (Modelo Primario Exportador), que caracterizó
a la economía de la región en la primera mitad del siglo XX” (Talavera y
Armijo, 2007: 91). En efecto, el impacto del fenómeno depresivo fue tal que
coadyuvó a una serie de intervenciones en los sistemas productivos, ya que:
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“La contracción de los ingresos provenientes de las exportaciones tradicionales
rompió con la dinámica del intercambio comercial predominante y obligó
a impulsar una política de industrialización sustitutiva de importaciones”
(Talavera y Armijo, 2007: 91)
En este contexto, se llega a la década del cuarenta del siglo pasado, donde
los países latinoamericanos asumen la directriz del Modelo de Desarrollo
Industrial con un marcado proteccionismo y la intervención del Estado como
ente regulador de la actividad productiva (Talavera y Armijo, 2007). La
experiencia no fue la mejor, como quiera que existían unas características
diferenciadoras entre los países de la periferia y los de centro, en el sentido, al
decir de (Rodríguez, 1980), de que, la estructura productiva de la periferia era
especializada y heterogénea, mientras las de los del centro era diversicada y
heterogénea.
Consecuentemente, la dinámica productiva de los países latinoamericanos,
fue permeada por una serie de acciones relacionadas con medidas arancelarias
diferenciadas o sectorizadas; la adjudicación de recursos con criterios políticos
o de inuencias; desmejoramiento de los sectores sociales con menor ingreso
y su tendencia mantenida, en n se: “…creó una estructura económica
rígida, incapaz de reaccionar con rapidez a los cambios producidos por las
condiciones económicas mundiales” (Talavera y Armijo, 2007: 92).
En este aspecto se prevé una situación desventajosa para los países
periféricos que incide en la capacidad operativa del sector productivo, las
posibilidades de responder a las necesidades endógenas por el rigor de
mantenerse al ritmo de las exigencias de una economía que se estructuraba
globalmente, con el amplio concurso del capital privado internacional. De tal
manera que la brecha de desarrollo con el modelo de industrialización en los
países latinoamericanos y Colombia, en particular, dejó entrever profundos
décits scales, incumplimientos o incapacidad de pagos de rentas, como el
acudimiento de medidas inacionarias y la innegable repercusión social que
duró alrededor de dos décadas, lo que, a la postre, fue el advenimiento de las
reformas de primera generación del Estado.
Reformas de primera generación: políticas de estabilización y
reformasestructurales
En países como Colombia, con el deplorable cuadro ya mencionado y un
creciente endeudamiento con entidades nancieras del orden mundial, como el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), las políticas
de estabilización de la deuda y las exigidas reformas estructurales vienen de
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la mano de estas entidades prestatarias de capital. Así se puede armar que:
Naim, (1995:219);
“Las severas condiciones de los organismos
multilaterales de créditos para permitir el acceso a
nuevos empréstitos de la banca internacional, implicaron
la puesta en marcha de lo que se ha conocido como
reformas de primera generación, que concentraron
acciones dirigidas a la liberación comercial y a la
privatización de activos del Estado, coordinadas
por una élite tecnocrática relativamente aislada”.
Se desprende de lo anterior, que el país contrae un compromiso vinculante
con el FMI o el BM bajo la gura de un convenio que encierra los denominados
(ajustes estructurales con crecimiento) que incluyen: García (2003:101),
“…la transformación del aparato estatal que el
modelo neoliberal requiere bajo la estricta asistencia
técnica y nanciera del BM, el cual hasta mediado de
los noventa manejó y defendió a ultranza la tesis de
la minimización del Estado, basada en la teoría de la
elección pública”.
Desde luego, en este contexto se exacerba la privatización de las instituciones, se
agotan las políticas sociales, se reajusta el presupuesto de la nación en detrimento de
las causas sociales, culturales y todo el aparato conjuga su accionar al cumplimiento
del pago de la deuda externa, es decir, las reformas de primera generación pasaron
por alto la participación social, apoyándose en la gestión silenciosa o de escritorio,
demostrando un carácter técnico en su manejo, lo que permite percibir la negación de
información pertinente para el ciudadano común sobre las Políticas que le competen
en su benecio (García, 2003).
Es decir, para las reformas de primera generación lo primordial era el ajuste de
la macroeconomía con miras a resolver profundos desequilibrios scales que no
permitían un comportamiento regular en la ya marcada economía de mercado; mientras
el renglón social y cultural era objeto de consideración al margen de que en nada
resultaba signicativo para la nueva lógica de acumulación de capital que dominaba
los acontecimientos.
A estas alturas, de los hechos queda al descubierto que: Talavera y Armijo, (2007:
95).
“…el crecimiento económico fue menor de lo esperado
mientras que la mejora de las condiciones de vida del
conjunto de la población fue inexistente, registrándose,
por el contrario, un aumento del nivel de pobreza y una
mayor desigualdad en la distribución del ingreso”.
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En estas circunstancias, se dan las condiciones para exponer una nueva
visión que remoza el papel de las instituciones y en especial del Estado,
contrario sensu a la orientación del Consenso de Washington que minimizó
el rol del Estado y de sus instituciones en el desarrollo, con resultados
económicos y sociales decitarios.
Reformas de segunda generación. Neoinstitucionalismo
Son aplicadas en América Latina a principio de los noventa del siglo XX
y estuvo encaminada principalmente a reformas de tipo institucional. Parte de
la premisa de que, las instituciones son necesarias para el desarrollo del sector
productivo en una relación interinstitucional que propende por un propósito
de fortalecimiento de la economía, el sector social y la democracia: García,
(2003:106);
“En esta perspectiva, las reformas de segunda
generación han representado una revitalización del
papel del aparato público en los asuntos de desarrollo
económico, minimizado en la primera etapa de
reformas, pero ahora rescatadas bajo la tesis de que
la creación de una serie de dispositivos institucionales
públicos les posibilita a los agentes privados operar
con un margen de menor incertidumbre, argumento que
-como veremos más adelante- forma parte del llamado
“nuevo institucionalismo”, orientación teórica que
domina el pensamiento económico contemporáneo”.
Por otro lado, la reforma de segunda generación se dirige a fortalecer o
recuperar instituciones que durante años estuvieron en desuso o anuladas, entre
las cuales se cuentan las instituciones reguladoras, el parlamento, los tribunales
de justicia, las instituciones encaminadas a la lucha contra la corrupción
(Santiso, 2001). Como se observa, la recuperación de la institucionalidad estatal
revive la noción de un Estado de derecho, donde tiene cabida la democracia,
actores sociales, comunidades, aunque sea con criterio económico, pero como
una fuerza presente en los propósitos productivos de la región.
Al insistir en la recuperación de la democracia, se sabe que los procesos de
participación mejoraron; hubo capacidad de respuesta crítica y exigencia de
transparencia a las instituciones, lo que ha dado margen a aseverar que lo que
hay que cuidar, -al menos desde la óptica neo-institucional- es el tipo y calidad
de las instituciones para generar conanza ciudadana en ellas. Desde esta
perspectiva, se entiende, entonces, que “la democracia legitima las políticas
públicas al basarse en la deliberación y el equilibrio negociado de intereses con
reglas transparentes” (Talavera, Armijo, 2007: 106).
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De tal manera que el enfoque teórico con el cual se identica a las reformas
de segunda generación, se denomina Neoinstitucionalismo. Conocido
también como nuevo institucionalismo, considera a las instituciones como
un “sistema de reglas y procedimientos formales o informales –que pueden
registrar diversos niveles de institucionalización– dentro del cual formulan
sus expectativas y estrategias” (Prast, 2001: 120). No obstante, este enfoque
tiene sus inicios en el marco de las reformas de primera generación, donde
se experimenta un enfoque acorde con los propósitos de la reforma, en el
sentido de confrontar los fallidos logros del Estado de Bienestar en los años
setenta y parte de los ochenta, al considerar a las instituciones del Estado
responsable de la eliminación de los colectivos, bajo la premisa netamente
economicista de que, en un contexto de múltiples opciones, los individuos
eligen de manera racional aquella que implique menos sacricio y reporte
mayores benecios, lo cual hace referencia al (enfoque de las expectativas
racionales) en las Ciencias Políticas y Administrativas (Crozier,1969; Offe,
1989).
Tal es la situación que permite comprender con claridad las políticas de
shocks implementadas por las reformas de primera generación al confrontar
el principio individualista de la acción a partir de un cálculo racional,
propiciado por el enfoque de las expectativas racionales.
Hasta aquí se ha expuesto las incidencias de las reformas del Estado a
partir de la segunda mitad del siglo XX, bajo la premisa que las políticas
públicas se deben a un sistema político, el que, a su vez, se desenvuelve
en un Estado estructurado en concepciones teóricas universales. En lo
que sigue, se espera revisar teóricamente las políticas públicas del orden
cultural desarrolladas en Colombia, para comprenderlas en un entramado
de acontecimientos multidimensionales que estructuran dinámicas
institucionales interrelacionadas y complejas.
Marco conceptual de las políticas públicas en Colombia
Sea lo primero destacar que elaborar un marco conceptual de las Políticas
Públicas en Colombia, no es una tarea sencilla, entre otras razones, porque el
análisis o estudio de las mismas es relativamente reciente en el país, y como ya
se ha expresado, el papel preponderante ha sido el de un receptor de dinámicas
transformadoras de carácter exógenas. Las políticas públicas desarrolladas
en Colombia reejan postulados teóricos de vigencia circunstancial que
fueron implementadas en la región en un esquema de centro a la periferia con
motivaciones relacionadas con los intereses neocoloniales, patrocinados por
centros de poder a nivel internacional.
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En este tenor: Roth, (2007:45);
“Así en el caso de Colombia, casi ausente de los
debates académicos antes de 1990, el tema del análisis
de las Políticas Públicas, en especial la evaluación de
éstas, se ha vuelto hoy en día un tema obligatorio de
toda discusión política”.
Aspecto que obedece, insistimos, a exigencias de organismos internacionales
como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), o el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), en las observaciones del cumplimiento de
requisitos para las reformas del Estado emanadas de los postulados neoliberales en el
marco totalizante del Consenso de Washington.
En esta circunstancia, los primeros y aún vigentes ejercicios de estudios y acopio
de información relacionados con las Políticas Públicas en Colombia, son elaboradas
con orientaciones teóricas e instrumentales de paradigmas con fuerza de época: Roth,
(2007:47);
“De hecho, en materia de análisis de Políticas Públicas,
en el país predomina una postura intelectual por lo
general implícita, de tipo positivista o neopositivista
en las Ciencias Sociales, que se apoya en gran parte en
los postulados de la microeconomía y en instrumentos
desarrollados por la Sociometría y la Econometría”.
En este orden conceptual, se espera que los trabajos realizados en este campo sigan
una orientación racionalista que se sustenta en una realidad fáctica instrumental de las
Políticas Públicas.
Ahora bien, lo que es innegable es que la realidad de las Políticas Púbicas en
Colombia, es reejo de las transformaciones y dinámicas que traen aparejadas
las distintas reformas del Estado. Consciente de ello, vale la pena insistir en la
esencialidad del Estado, su estructura y el sistema político que lo rige, como resultado
de las transformaciones de las Instituciones y, por ende, del signicado que asumen
las mismas.
En esta perspectiva, se concibe, entonces, que el contexto teórico-político sobre el
cual se asientan las Políticas Públicas es el concepto de (Estado en Acción) como una
respuesta que la Institucionalidad se ve abocada a mostrar en su realidad propia. En
este sentido: Mejía, (2012:144),
“El Estado en Acción, se reere a aquella dimensión
estatal que se encarga de seleccionar las demandas
referidas a los problemas públicos y ofrecer servicios
actuando de manera independiente de la Sociedad,
considerando que son los individuos y los grupos los
que dirigen la acción del Estado y quienes determinan
las elecciones en materia de Políticas Públicas”.
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Marco relacional de las políticas públicas...
Es decir, se concibe al Estado en una estructura relacional que comporta
una serie de responsabilidades interinstitucionales, donde los distintos
actores responden de manera contractual a la acción pública. No obstante, la
respuesta del Estado se torna insuciente, las Instituciones entran en crisis, los
resultados son decitarios y el modelo de Estado se agota. En este contexto
las Políticas Públicas dejan entrever su inecacia y los estudios centrados
en el modelo de Estado reejan una realidad desmarcada de la realidad de
vida de las personas. Tal es la situación en que se ha desenvuelto el ejercicio
de las Políticas Públicas en el país, toda vez que éste se desenvolvió en
la primera mitad del siglo XX, con un modelo estatal de desarrollo, que
apenas se apoyaba en estructuras productivas del campo monoexportador
y una incipiente industrialización. En ese cuadro, las Políticas Públicas se
caracterizan por una orientación descendente habida cuenta de la excesiva
centralización administrativa y presupuestal imperante.
De igual manera, la estructura territorial, daba cuenta de unos centros
de poder que captaban y muchas veces diseñaban las Políticas Públicas en
connivencia con el Estado o más especícamente, de las elites que lo controlan.
Esto, desde luego, mostraba un país incluido y otro excluido que habría de
receptar por cuenta de unas políticas asistencialistas algunos benecios.
Se abren espacios en la región, ya para los ochenta, unas reformas que
cuestionaron el papel del Estado (de primera generación) y su incapacidad
para responder a las exigencias de una economía de mercado cada vez más
globalizada por lo que las exigencias tenían puesta la atención en desposeer
al aparato estatal de las funciones nancieras a través de: “La eliminación
de funciones gubernamentales, los cortes de gasto corriente y de inversión,
y la reducción de personal, las privatizaciones, las desregulaciones y la
descentralización” (Sousa y Moreira: 1999:1).
Se desprende de lo anterior que las condiciones para el desarrollo de las
Políticas Públicas, deslegitimaron un propósito social, amén de la ausencia de
este aspecto desde la fundamentación conceptual hasta la instrumentalización
de las mismas. En efecto, las Políticas Públicas, ahora en manos de entidades
privadas, establecieron dimensiones de la realidad con criterios selectivos
y racionalización de gastos ante la mirada pasiva del Estado, que si mucho
podía tener funciones vericadoras de la implementación. Esta situación, no
permitió un desarrollo equitativo de las Políticas Públicas que solo propiciaban
resultados favorables en triángulo de hierro, es decir, la riqueza, en función
de gasto e inversión, retorna a los inversionistas. He aquí una situación
inequitativa, por razones de sistema que lejos de contribuir a un crecimiento
del bienestar en la gran población, generó profundas brechas decitarias y
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Álvaro, LOBO *
mayor endeudamiento con entidades internacionales al tiempo que reproducía
la inequidad y la exclusión de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Se logra, sí, avances en lo relacionado con el control de la inación,
reducción del décit scal y un gran impulso a la inversión extranjera,
como un margen mayor de exportaciones. Se constata aquí que las Políticas
Públicas emanadas en este contexto, contribuyeron a endosar en la gran
mayoría obligaciones con una mayor carga de impuestos, que cubren desde
los servicios públicos domiciliarios, la canasta familiar hasta las obligaciones
con entidades nancieras del orden local.
Ante esta situación el paradigma impuesto desde el Consenso de
Washington que se traduce en una economía neoliberal, se debate en las críticas
a su inoperancia para superar la pobreza, el reconocimiento de la diversidad
y las potencialidades regionales que se vuelve la mirada a las Instituciones
Estatales como un factor necesario en las transformaciones para superar las
debilidades del sistema. Es el momento para que las Políticas Públicas salgan
con la rúbrica del Estado y en otras ocasiones de origen consensuado con
sectores independientes. Es decir, el fortalecimiento de las Instituciones del
Estado con las reformas de segunda generación se da en un marco de apertura
constitucional en Colombia, que permite establecer la concepción de un
Estado Social de Derecho y el reconocimiento de la Nación como un conjunto
de regiones y diversidad étnica (CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Artículo 7:
1), esto al menos en el discurso constitucional.
En este orden de ideas, motivado por la nueva visión de país, nacen una
serie de instituciones que traducen necesidades de una población que por más
de una centuria estuvo ausente en las políticas del Estado. También, se retoma
la regulación por parte de éste y los organismos de control que, de alguna
manera, refuerzan el papel social de las Políticas Públicas en el país.
Por otro lado, las Políticas Públicas, ahora en buena parte descentralizadas,
se ocupan de las necesidades regionales con la gura de entidades territoriales,
reconocida constitucionalmente y la capacidad de gestión y de respuesta por
parte de la población, tiene la oportunidad de agruparse en organizaciones
independientes o como sociedad civil organizada que dialoga con el Estado.
Se puede aseverar que para la década de los noventa, el paradigma
neoinstitucional oxigenó la realidad social del país, por lo menos en la
formalidad escrita, porque al día de hoy la concepción neoliberal del sistema
productivo se mantiene, matizándose con la concepción corporativa de las
instituciones y el riesgo pendular entre Estado-Mercado, que busca nuevos
caminos para llegar siempre al mismo plano: la primacía del poder económico
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Marco relacional de las políticas públicas...
como determinadora de una lógica de acumulación de capital. ¿Y las Políticas
Públicas? Seguirán formulándose, implementándose y acaso evaluándose
en una realidad fáctica que demuestra una brecha inequitativa cada vez más
creciente e injusta desde todo punto de vista.
Políticas Culturales
Con referencia a las Políticas Públicas Culturales en Colombia, no se
puede prescindir de la realidad experimentada por el Estado, respecto de
las transformaciones en sus estructuras institucionales, el rigor instrumental
con que se operacionalizaban y los frentes de la realidad nacional que se
ocuparon. Adicionalmente, el reconocimiento por parte del Estado en los
albores del siglo XX, hasta la Constitución de 1991, exalta la fuerza de una
realidad cultural que siempre estuvo presente y que no podía ser desconocida.
En esta perspectiva, de manera incipiente, el Estado se ocupó de algunos
renglones culturales en la primera mitad del siglo XX, como extensión de
herencias decimonónicas a nivel patrimonial y adopción de pautas culturales
“universales” de carácter euro-céntrico, que motivaron el reconocimiento
o la adopción de instituciones con propósitos de preservación o evocación
patrimonial. En estas condiciones, se conservan bibliotecas, iglesias, museos,
universidades, monumentos, hasta la tradición oral como forma de patrimonio
intangible.
Pero en la medida que el Estado asume estructuras institucionales denidas,
se crean organismos que se ocupan de renglones culturales. Tal es el caso de
Colcultura, organismo creado en 1968, ello por: “…necesidad de incluir el
elemento cultural en los planes de desarrollo generales llevados a cabo por los
presidentes durante sus gobiernos, se muestran como una constante en todos
los foros, eventos, discusiones y documentos en torno a la cultura” (Mendoza
y Barragán: 2005:166). Como organismo adscrito al Ministerio de Educación
Nacional (MEN), lo que hace es seguir la tarea de continuar visibilizando
aspectos relacionados con la cultura en el marco de la educación con todo lo
cercenado que se manejaba el concepto de cultura que, a lo sumo, terminaba
siendo un concepto que servía para denir exclusivamente la cultura de las
elites revestidas de poder político y/o económico, vinculadas a los modos de
vida del occidente hegemónico.
Como ya se ha manifestado, la cultura fue objeto de un espacio constreñido
en los Planes de Desarrollo que datan de 1958, durante el gobierno de Alberto
Lleras Camargo, hasta 1982 en el gobierno de Julio César Tutbay Ayala,
lapso en que las Políticas Culturales, manejaron una concepción restringida
de cultura prácticamente ceñida a las manifestaciones instrumentales de las
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Álvaro, LOBO *
mismas y con un margen de participación mínima que dejo entrever el tipo de
estrategia institucional: dirigismo estatal (Mendoza y Barragán, 2005).
Por otro lado, es necesario señalar la importancia del proceso de
descentralización en que entró el país a partir de la Reforma Constitucional
de 1968, que cambió la estructura política al pasar de un Estado central a un
Estado descentralizado en lo que respecta a las funciones políticas, scales
y administrativas, dando la posibilidad a los gobiernos municipales y a sus
habitantes de tomar decisiones sobre la utilización de sus recursos, apoyados
en la gura del Situado Fiscal, mecanismo creado en la misma reforma para
transferir recursos a los departamentos con destinación previa. A instancias
de estos acontecimientos, Colcultura llevó a cabo algunas Políticas Culturales
descentralizadas o, al menos desconcentradas, al crear cinco ocinas
regionales en las siguientes ciudades: Medellín, Cali, Cartagena, Bucaramanga
y Sincelejo, a cargo de un promotor cultural que hacía las veces de recopilador
o censor de instituciones culturales de las comunidades para Colcultura. De
igual manera, en 1984, se crearon las llamadas Juntas Regionales de Cultura y
Consejo Regional de Cultura, como también las Casas de la Cultura y Centros
Culturales (Mendoza y Barragán, 2005). Son éstas nuevas condiciones
favorables para que las Políticas Culturales se proyecten con una nueva
cobertura de participación y benecios que, al cabo de los siguientes años,
avizoraba el nacimiento de un nuevo país en términos de sus imaginarios y
representaciones vinculadas a la cultura como fenómeno creativo.
En la última década del siglo anterior, Colombia experimenta grandes
y profundos cambios en sus derroteros como Nación al elaborar una nueva
Constitución Política, como resultado del desgaste de las Instituciones y la
percepción de la población de las necesidades de pasar una página de desgreño
administrativo, corrupción rampante, violencia extrema y un conservadurismo
institucional que se oponía a las exigencias de un nuevo siglo: Mendoza y
Barragán, (2005:168),
“Esta nueva Constitución y todo el proceso de
descentralización vivido en Colombia trajeron consigo
un cambio estructural en la manera de concebir las
Políticas Públicas en el país, puesto que ya no era un
asunto exclusivo del poder central, sino que cada vez más,
diferentes entes territoriales tales como departamentos
y municipios, tuvieron la oportunidad de tomar
decisiones que se ajustaron a sus necesidades reales”.
Ahora, con la expedición de una nueva Carta Constitucional, la 1991, se consignó
el paso de la democracia representativa a la democracia participativa, que en el ámbito
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cultural representó una nueva mirada hacia las comunidades, como quiera que la
participación hasta el momento brillaba por su ausencia. En esta década, se dieron
gestas participativas como la formulación del documento CONPES de 1990, precedido
de la consideración de los aportes, además de la de los especialistas, la de las regiones
y de la premisa de considerar a las comunidades municipales como fundamento inicial
de cualquier Política Cultural (Mendoza y Barragán, 2005).
Sin embargo, el hito privatizador que se enquistó en el Estado décadas atrás no
desaparece y se capta en el (Plan Nacional de Cultura 92-94), documento que tiene
el mérito de sintetizar los estudios realizados durante las administraciones que le
antecedieron a Colcultura (Mendoza y Barragán, 2005), la elaboración burocrática del
documento y, por el contrario, demuestra por parte del Estado su desprendimiento, si
no total, en parte, de la nanciación de la cultura al recordar la responsabilidad que
tiene la sociedad civil de ser participe en la nanciación de la cultura.
En las postrimerías del 90, se instituye el Ministerio de Cultura que coloca a este
renglón como objeto central de interés a nivel de una institución estructural del Estado,
con todo lo que ello acarrea en los benecios de su posicionamiento. En efecto, en
consecuencia de la nueva visión de país construida desde la Constitución de 1991, se
elabora la Ley General de Cultura o la Ley 397 de 1997, que recoge en buena parte las
aspiraciones de los constituyentes, representantes de las regiones, las reivindicaciones
de los valores culturales en cada uno de estos entes territoriales, asegurando, además, la
responsabilidad del Estado, en el desarrollo, estímulo y nanciación de las aspiraciones
de la población nacional. (MINISTERIO DE CULTURA: 1997).
Cabe destacar la importancia de organismos internacionales, que contribuyeron a la
creación en los organismos ociales y que, por cuenta de su emergencia en las nuevas
exigencias del mundo de hoy, en lo atinente al engranaje monolítico de una sociedad
globalizada (Temas relacionados con cultura, cultura universal, derechos humanos,
diálogo intercultural, sociedad civil organizada, industria cultural, patrimonio, etc.)
hacen presencia en la estructuración de organismos estatales con: Mendoza y Barragán,
(2005:177);
“Normatividad cultural internacional, ya que la
presencia de acuerdos, convenios, declaraciones y
recomendaciones de organismos internacionales tales
como: la ONU, UNESCO y OEA, se hacen cada vez
más presentes y más evidentes dentro de la vida y la
legislación cultural del país”.
En este orden de ideas, la Ley General de Cultura, Ley 397 de 1997,
mediante el Artículo 66, creó el Ministerio de Cultura: “Como organismo
rector de la cultura, encargado de formular, coordinar, ejecutar y vigilar la
política del Estado en la materia, en concordancia con los planes y programas
Perspectivas. Revista de historia, geografía, arte y cultura de la UNERMB
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Álvaro, LOBO *
de desarrollo, según los principios de participación contemplados en esta
Ley” (MINISTERIO DE CULTURA: 1997, Art. 66).
Como forma de complementar el presente artículo, se expone grosso modo
un barrido en la historia de los hechos más signicativo que conguraron
Políticas Públicas Culturales en Colombia. Con el reconocimiento de
Colcultura como el organismo mediante el cual el Estado asumió el renglón
cultural; cabe destacar que el mismo fue objeto de una ausencia de política
continuada en los distintos gobiernos, que condujo a la pérdida de conocimiento
y credibilidad en el país nacional y fue sólo a partir del gobierno del Misael
Pastrana Borrero, que se proyectó el (Primer Plan Nacional de Cultura, en
1974), con los decididos aportes de la Unesco y el PNUD desde 1972. Se
reconoce de este plan, el propiciar la participación mediante 2 niveles de
organización institucional, un nivel político que hizo alusión a organizaciones
de la población para identicar los intereses culturales de las regiones y, por el
otro, el nivel técnico, que aportó las instituciones especializadas y la logística
técnica a las vivencias de los cultores.
Posteriormente, en el gobierno de Alfonso López Michelsen, 1976, el
(Nuevo Plan de Desarrollo Cultural), elaborado con el apoyo de Colcultura
y la colaboración de la Unesco, pretendía democratizar la cultura e integrarla
a la vida cotidiana. Documento de gran valía en el ámbito académico ya que
reeja el devenir histórico del país, pero sin la fortaleza de la participación de
las comunidades o grupos poblacionales que conforman la diversidad cultural
del país. En 1981, durante el gobierno de Julio César Turbay, patrocinado
por Colcultura, se realiza un (foro sobre Políticas Culturales y Financiación
de la Cultura), acompañado de la Asociación Nacional de Instituciones
Financieras (ANIF), donde se evidencia el manejo prejuicioso de la cultura,
al circunscribirla a las bellas artes y bellas letras y demarcar diferencias
signicativas entre la llamada cultura élite y cultura popular.
Ya en el año 1983, en el gobierno de Belisario Betancourt, se dio el
(Plan Sectorial de Desarrollo Cultural), donde se destaca la participación
por aquello de la democratización de la cultura, y como resultado del primer
encuentro de entidades culturales en Melgar, se crearon juntas regionales
de cultura, mediante acuerdo 0039. Se comprueba, además, el abandono
en que se encuentra buena parte del desarrollo cultural y la incapacidad de
Colcultura para suplir la necesidad. Fue este un documento con muy buenas
intenciones, que desafortunadamente entró a reposar “el sueño de los justos”
al ser engavetado. Sin embargo, entre este período y el siguiente del presidente
Virgilio Barco, hubo gestiones relacionadas con la cultura y desde el punto
de vista político la elección de Alcaldes, el fortalecimiento de la autonomía
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Marco relacional de las políticas públicas...
municipal, la reforma tributaria y la conformación de Comités y Consejos
Culturales del orden departamental y municipal, rearmaron el propósito
participativo y descentralizador. Se documenta, entre otras, la publicación del
documento (Cultura para la democracia y democracia para la cultura) (1989),
con lineamientos básicos para una política cultural. Otro acontecimiento, la
declaración de un año nacional de cultura, mediante el Decreto 1164 de 1989,
coadyuvó en la adopción del documento La Política Cultural (1990), por el
Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), donde se dene
la necesidad de incluir la dimensión cultural en los planes de desarrollo y en
los procesos de descentralización.
Sucede el gobierno de César Gaviria (1990), donde se dan varios
acontecimientos signicativos cualitativamente considerados: la promulgación
de la nueva Constitución, precedida del documento CONPES, Foro sobre Cultura
y Constituyente. También se elabora el Plan Nacional de Cultura 1992-1994,
que se le ve como un documento recopilador y sintético de estudios realizado
en la materia en administraciones anteriores, pero que paradójicamente,
demuestra la subvaloración de la participación comunitaria, al ser elaborado
con un tratamiento burocrático. Resalta en este período la elaboración de la Ley
General de Cultura y la estructuración del respectivo Ministerio, que en materia
de descentralización administrativa crea dos niveles, uno nacional, de la cual
forma parte el Ministerio de Cultura y los Fondos Mixtos para la promoción
de la cultura y las artes, y un nivel territorial, que comporta instituciones
departamentales, distritales y municipales de cultura y los Fondos Mixtos.
A nivel de participación, igualmente, los mismos niveles que se reparten
en el plano nacional, los Consejos Nacionales de las Artes y la Cultura y
el Consejo de Monumentos Nacionales. En el orden territorial, los Consejos
Regionales, departamentales, distritales y municipales de cultura, la lial de
monumentos y los Consejos Territoriales de áreas turísticas. Cabe resaltar que
el auge de la descentralización en esta época permitió el proyecto bandera del
Ministerio, el (Plan Nacional de Cultura 2001-2010), donde se plantea como
lema “Por una ciudadanía democrática cultural”.
El Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, “hacia un estado comunitario”,
en la administración de Álvaro Uribe Vélez, la atención está centrada en la
seguridad democrática y el componente cultural tiene algunos resultados en
medio de la salvedad del gobierno de las dicultades de sostenimiento por falta
de recursos, para ello se proponen cuatro metas en el plan: reconocimiento en
formación y valores, Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, Plan Nacional
de Música para la Convivencia y Fortalecimiento de la Institucionalidad
Cultural.
Perspectivas. Revista de historia, geografía, arte y cultura de la UNERMB
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Por otra parte, el plan se propone la promoción del deporte. Infortunadamente
éste período carga con el señalamiento de la crítica por perder gradualmente
el Ministerio su verdadero objeto, la cultura y convertirse en una entidad de
segundo orden, la que, además, tiene el mérito de haber eliminado la Orquesta
Sinfónica de Colombia y la Banda Sinfónica Nacional, bajo el pretexto del
recorte presupuestal.
Conclusiones
Todo indica que las Políticas Públicas en Colombia, se ejercen con un
fuerte criterio de formalidad institucional a partir de la segunda mitad del
Siglo XX, condicionadas a la priorización del manejo presupuestal, en cuyo
caso el renglón de lo cultural, por lo general, sale debilitado. Es decir, lo
cultural en Colombia al tenor de las Políticas Públicas solo tiene presencia
cuando a aquellos renglones productivos o sujetos a productividad tienen
garantía de sustentabilidad presupuestal por parte de los gobiernos de turno.
Desde esta perspectiva, la realidad cultural del país acusa una presencia
informal que ambienta la Nación Identitaria, mientras las organizaciones e
instituciones culturales esperan ser asimiladas a formatos corporativos de
proyección y dominio global, las hoy llamadas industrias culturales.
Conforme a lo que se ha venido exponiendo, el Estado Colombiano ha
estado sujeto a dinámicas de transformación y exigencias por parte de
Instituciones nancieras y de nuevos enfoques económicos que pautan
tendencias de globalización, o acaso uniformización, de donde se inere que
la localidad cultural no registra el carácter productivo que pueda incentivarse
para optar por un desarrollo sostenible y competitivo a través de las Políticas
Públicas. No obstante, en el nuevo orden económico, el sector privado y
el de naturaleza mixta con el Estado asume frentes culturales con criterio
empresarial, lo que ha evidenciado, en muchos casos, un manejo desarraigado
de las verdaderas necesidades y esencia de los fenómenos culturales.
En efecto, se cooptan derechos o manifestaciones culturales con el tamiz
de criterios selectivos que tienen como único propósito introducirlas en la
lógica del mercado, en la ecuación oferta-demanda. Es claro que desde este
ángulo, la esencia cultural de las regiones son en la medida de su fuerza vital,
del signicado para la comunidad y muy poco por cuenta de Política Públicas
con manejo descentralizado, ya que las fuentes de nanciación controladas y
legalizadas desde el poder central provienen de organismos como el Consejo
Nacional de Regalías, Aportes Parascales o la Estampilla Procultura, a
lo cual se puede asociar el desgreño estatal por manifestaciones culturales
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Marco relacional de las políticas públicas...
no menciondas en el plus de reconocimientos patrimoniales, por entidades
internacionales como la Unesco, o la disfuncionalidad burocrática de los
departamentos en el incumplimiento de proyectos a organismos nacionales
requirentes.
Finalmente queda evidenciado que las Políticas Públicas Culturales
no ha satisfecho la totalidad de las necesidades de las comunidades, dada
la intermitencia o discontinuidad de las mismas cuyo interés es cambiante
en los distintos gobiernos. Por otra parte, la Cultura ha intentado ser objeto
de Políticas Públicas en la historia de Colombia, en los contados Planes
de Desarrollo Cultural, cuya vigencia perentoria no se agota, ni garantiza
proyección de continuidad erga omnes.
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